jueves, 18 de octubre de 2018

Ahora nadie sabe quién aprobó el sueldo de 300.000 euros anuales para el presidente de la CAM

Solo tres consejeros de la entidad defienden la legalidad de la dieta para Modesto Crespo con un acta respaldada por unanimidad

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Ya sabes que la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM, ya no existe porque la compró el Banco Sabadell por un euro simbólico. También sabes que con la crisis, la gestión de estas entidades, controladas por los grandes partidos, ha dejado un pufo de números rojos descomunal. Durante años, algunos políticos de la llamada ‘casta’ se refugiaron en cómodos sillones y fantásticas retribuciones y dietas sin tener conocimientos económicos y financieros. Un ejemplo es el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas. El PP lo puso al frente de Bancaja y luego fue ‘telonero’ de Rodrigo Rato con Bankia. Pues bien, enfangado con la justicia, Olivas reconoció en su momento que no tenía conocimientos financieros, pero cobrar sí cobraba… Para llorar.


El asunto que nos ocupa nos lleva hasta Alicante, sede de la extinta CAM. Resulta que el que fuera su presidente, Modesto Crespo, tenía asignado una retribución nada modesta de 300.000 euros brutos anuales, más que lo que cobra el jefe del Estado, el rey Felipe VI. ¿Dónde está el problema? Parece ser que los consejeros que tenían que aprobar ese sueldo se están tirando los trastos a la cabeza y unos reconocen la legalidad del salario y otros no. Pero la Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro y ve indicios ilegales en las dos posturas.


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La estrategia de algunos miembros del consejo de administración de caja Mediterráneo para librarse del banquillo, según el diario El Mundo, consiste en negar que el órgano jamás aprobó la dieta de 300.000 euros al año para Crespo por presidir la sociedad Tinser Cartera, una firma que agrupaba empresas de la entidad.


La mayoría de los consejeros procesados insisten en que ellos nunca aprobaron los 300.000 euros anuales para Crespo. Solo tres de los 20 consejeros presentes en la reunión de 2009 niegan esa versión. Martín Sevilla, Antonio Gil-Terrón y José Forner defienden que en el consejo se aprobó el acta que recoge que todo fue acordado por unanimidad.


La Fiscalía pide penas de cuatro años de cárcel por apropiación indebida y administración desleal para Modesto Crespo (al final cobró 600.000 euros) y el exdirector general, Roberto López Abad, presunto cerebro de los pagos al presidente. Para el resto de consejeros el fiscal pide entre dos y tres años de prisión.

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