jueves, 22 de octubre de 2020

Los diputados y senadores no podrán donar los regalos de más de 150 euros que reciban por su cargo a familiares o amigos

El Código de Conducta de las Cortes Generales ha sido aprobado por todos los partidos políticos excepto Vox, que lo ha calificado de “código de sospecha”

@maria_albalat

“Integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto, tanto a los demás miembros de las Cámaras como a la ciudadanía en general”. Cuántos requisitos para un puesto de trabajo. Pues es lo que se exige a los diputados y senadores españoles, y por escrito.


El pasado 1 de octubre, las Mesas de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) aprobaron el nuevo Código de Conducta para ambas Cámaras. Este documento fue ratificado por todos los grupos parlamentarios, excepto por el de Vox. El objetivo es aumentar el grado de transparencia en las actividades realizadas por los políticos.


En febrero de 2019, tal y como recogimos en Sueldos Públicos, ya se puso en marcha un código ético, pero solo para la Cámara Baja. Sin embargo, no sabemos si se llegó a aplicar porque una de las disposiciones establecía incluir las agendas de los diputados, los intereses económicos y los beneficios no remunerados. Sin embargo, en ninguna de sus fichas consta. Es más, este digital consultó el año pasado esta circunstancia con fuentes del Congreso. La respuesta telefónica fue, en resumen, que “lo que ves en la web es lo que hay”. Hemos contactado, de nuevo, con el departamento de Prensa de la Cámara, pero no nos han sabido responder a la pregunta y estamos a la espera de que lo hagan por escrito.


Congreso

Hemiciclo del Congreso de los Diputados (Congreso).


El Congreso de los Diputados está formado por 350 escaños, mientras que el Senado por 265. Ambos suponen un gasto anual de 141 millones de euros: 86,9 el Congreso de los Diputados y 54,1 el Senado. El primero destina 39,1 millones de euros a los gastos de personal y el segundo, 24,6 millones. Supone el 45% de su cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado.


Por otro lado, de estos gastos de personal de la Cámara Baja, el 50,9% se destina a los altos cargos, concretamente 19,9 millones de euros. En la Cámara Alta es del 63% (15,6 millones). El sueldo más elevado del Congreso es el de la presidenta, Meritxell Batet, que percibe 14.296 euros brutos al mes, en 14 pagas, y 1.959 de indemnización libre de impuestos. Mientras, en la Cámara Alta, también es la presidenta, Pilar Llop, la mejor pagada con 12.811 euros al mes, en 14 pagas, más 1.958 euros de indemnización.


En el anterior documento que afectaba solo a los diputados se recogía la actuación de los parlamentarios “con pleno acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, mientras que en el actual simplemente se incluye el “acatamiento a la Constitución”. El nuevo código extiende las medidas aprobadas el año pasado al Senado, tras la recomendación del Grupo de Estados contra a Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Estas se centran en cuatro puntos: los conflictos de intereses, la declaración de intereses económicos, los regalos y obsequios, y la agenda de los miembros de las Cámaras. 


Conflicto de interés

La principal diferencia del nuevo Código con el anterior es que establece la creación de una única Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes, en vez de que cada Cámara tenga la suya. Este órgano será encargado de “resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del presente Código”. El texto determina que se considera conflicto de interés cuando exista la posibilidad de obtener un beneficio personal que obstaculice el desarrollo de la labor del miembro de las Cortes Generales.


“Las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que haya obtenido para sí en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario. Se incluirán en este apartado los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés de acuerdo con lo previsto en este Código”.


Declaración de intereses económicos

A partir de la entrada en vigor de este documento, las declaraciones de actividad y bienes de los parlamentarios deberá incluir los datos de los cinco años anteriores a la toma de posesión en la Cámara de: las actividades desarrolladas, las donaciones, obsequios y beneficios de cualquier naturaleza, y las fundaciones y asociaciones en las que se haya contribuido. Este Registro de Intereses se publicará en las correspondientes páginas web. Antes no se detallaba un límite temporal a las actividades que se debían incluir.


Regalos y obsequios

Los diputados y senadores no podrán aceptar cualquier tipo de bien o servicio que se “les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios”. Todos los regalos de más de 150 euros deben ser presentados a la Secretaría General de la Cámara, para inventariarlos y publicarlos en la web. La novedad es que se especifica el valor económico de dichos obsequios y se añade la prohibición de que los admitan sus entornos familiares.


“Se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios. Se entiende incluido en el apartado anterior aquel regalo, obsequio o beneficio similar que tenga un valor estimado superior a 150 euros.


“Podrán recibir regalos personales de amigos y familiares que se hayan otorgado sin vinculación alguna con su labor como parlamentarios. Serán también admisibles los obsequios, descuentos, promociones o beneficios de similar naturaleza que sean comunes de acuerdo con los usos y costumbres y cuyo ofrecimiento y entrega se encuentren desvinculados de su actividad política”.


Por ejemplo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se afana en promocionar las anchoas de su tierra y las regala a políticos y personalidades que hacen una visita a la comunidad autónoma. Actualmente, una caja de anchoas del Cantábrico de 900 gramos de alta calidad puede costar entre 60 y 80 euros. Un diputado o senador podría recibir una caja o dos, dependiendo del precio, pero sin rebasar los 150 euros. 


Según varias facturas remitidas al Parlamento de Cantabria, como 'atenciones protocolarias', las consejerías del Ejecutivo de Revilla gastaron 500.672 euros en latas de anchoas, bonito y otras conservas durante dos legislaturas, tal y como publicó OK Diario en marzo de 2018. La entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, hacía lo propio enviando cajas de naranjas. Incluso el lobby de la cerveza ha regalado botellines a algunos diputados por valor de 25 euros


Agenda

Todos los parlamentarios deben hacer pública su agenda institucional en el Portal de Transparencia. Se hace hincapié en las reuniones con representantes de cualquier organización que tenga la condición de “grupo de interés”. Este término lo define del siguiente modo:


“Aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas”.


De esta forma se ha eliminado la capacidad de comprobación de la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses, del anterior Código.


Este punto ha generado controversia en Vox, que se ha manifestado en contra de tener que publicar este tipo de reuniones ya que “penaliza la parte sustancial de la tarea representativa del parlamentario”. Pero, no solo critican este punto, también han calificado el documento como un “código de sospecha”.


En la página web de la Cámara respectiva se publicará una breve reseña de los datos biográficos personales, académicos y profesionales de los miembros de las Cortes Generales. En ella se podrán consultar todos los títulos, datos y archivos que el mismo parlamentario considere relevantes.


Es decir, los diputados y senadores deberán acreditar, mediante copia, fotocopia o documento escaneado el documento de sus títulos académicos (licenciado, grado, doctorado, máster y otros). Se acabó inventarse o inflar el currículum. Este aspecto será importante a la hora de diferenciar los parlamentarios que sí acabaron la carrera de los que ponen ‘estudios en Derecho’, por ejemplo, dando a entender que se matricularon del primer curso, pero sin detallar cuántos años y cuántas asignaturas llegaron a aprobar. 


Además, los parlamentarios no podrán percibir gratificación de ninguna clase, dineraria o en especie, por participar en viajes y misiones de observación electoral. Solo las dietas o compensación de gastos que reciban de las Cámaras por participar en los correspondientes desplazamientos oficiales. Recordemos que el Régimen económico de sus señorías establece 120 euros de dieta diaria para desplazamientos por España y 150 euros en el extranjero.


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