lunes, 19 de noviembre de 2018

La mayor privatización de la Generalitat de Cataluña ha sido un fiasco

El contribuyente catalán pagará el pato de una contabilidad pública ficticia de casi 1.000 millones

@sueldospublicos

Hacía tiempo que no veíamos una chapuza contable pública tan grande, si descontamos el atraco a los españoles que supone pagar la indemnización de la plataforma Castor durante los próximos 30 años. Resulta que la Generalitat de Cataluña pudo reducir su déficit de 2012 en casi 1.000 millones (995,5) de euros gracias a unos ingresos extraordinarios que ahora se van a evaporar. Le dio la concesión de la gestión de las aguas del área metropolitana de Barcelona, Aigües Ter-Llobregat (ATLL), a la empresa Acciona a finales de diciembre de 2012. Dentro de unos días se cumple el segundo aniversario de este ‘crimen’.


Pues bien, con la firma del contrato, el 27 de diciembre de ese año, Acciona desembolsó 298,65 millones de euros a la Generalitat. Con esa cantidad en caja, el ejecutivo de Artur Mas pudo cuadrar cuentas, pagar nóminas y proveedores. En definitiva, salvar los muebles y cumplir con el objetivo de déficit, pero a sabiendas de que Acciona no cumplía los requisitos para hacerse con la concesión.


Lo peor de todo es que la ingeniería financiera de la Generalitat computó los casi mil millones como ingresos de 2012 aunque sabía que, en verdad, solo cobraría 298,65. El resto, esto es, 696,8 millones los ingresaría en 50 anualidades, que es el tiempo que, en teoría, duraba el contrato de gestión.


Hacer las cosas mal y con prisas desde el principio conlleva que al político de turno solo le quede una cosa: Socializar las pérdidas entre todos los contribuyentes, además de dimitir, claro. Y lo peor de todo es que hace algunas semanas ya informamos de que Acciona se quedaba sin contrato y tiene derecho a pedir una indemnización por el lucro cesante.



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