martes, 04 de agosto de 2020

Diez recomendaciones para que los gobiernos sean transparentes en la contratación de emergencia durante la Covid-19

Access Info Europe, Civio, ePaństwo Foundation, Funky Citizens y K-Monitor elaboran un documento dirigido a los gobiernos de Europa

@sueldospublicos

En la UE, el 28% de los casos de corrupción se produce en las adquisiciones del sector de la salud, incluso en tiempos normales. El mayor riesgo de corrupción durante la crisis de la Gran Reclusión, provocada por la pandemia de la Covid-19, hace que sea una prioridad máxima asegurar la transparencia de cualquier contratación de emergencia.


En este sentido, organizaciones líderes en transparencia y lucha anticorrupción de toda Europa han lanzado una lista de diez recomendaciones para que los gobiernos puedan asegurar la transparencia en las contrataciones de emergencia realizadas durante la pandemia del coronavirus.


El documento, elaborado por Access Info Europe, Civio, ePaństwo Foundation, Funky Citizens y K-Monitor en el marco del Proyecto Record: Reducir los Riesgos de Corrupción a través de los datos, en colaboración con Open Contracting Partnership destaca los beneficios de la transparencia en contextos de emergencia, entre ellos que ayuda a prevenir el fraude y la inflación artificial de los precios.


contrato


En un comunicado, las cinco organizaciones argumentan que, si bien se reconoce la necesidad de adquirir rápidamente equipos como los suministros médicos, las directivas de la UE exigen a los gobiernos que mantengan una justificación escrita de dicha adquisición y que la hagan pública. La contratación directa de emergencia es legal, pero siempre debe ser la excepción, incluso durante la pandemia, y debe juzgarse caso por caso.


“Las decisiones rápidas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, pero la pandemia no es excusa para saltarse las obligaciones de transparencia”, afirmó Rachel Hanna, responsable de Investigaciones Jurídicas y Campañas de Access Info. Aunque el principal objetivo en este momento es conseguir suministros, la transparencia debe mantenerse para asegurar que se toman decisiones legítimas, prevenir el fraude y mantener la confianza de los ciudadanos”.


“El papel de los organismos de control de la sociedad civil y de los periodistas de investigación es crucial en la investigación de las irregularidades, y pueden ser aliados del gobierno en la lucha contra la corrupción, pero no pueden hacer su trabajo sin información”, explicó Hanna. “Del mismo modo, ahora es un momento crucial para proteger a los alertadores, cuyas acciones pueden ayudar a salvar vidas”.


Captura contratación p


Entre las recomendaciones también figura la rápida publicación de todos los datos sobre adquisiciones de emergencia en las plataformas electrónicas de contratación pública, en formatos de datos abiertos, de modo que todos los ciudadanos dispongan de acceso a datos precisos sobre la forma en que se gastan los fondos públicos. Durante esta crisis, la transparencia y la apertura de datos de la contratación de emergencia son sumamente importantes para evitar la corrupción, mejorar la gestión de la cadena de suministro, facilitar las herramientas de búsqueda de proveedores y contribuir a la diligencia debida con los nuevos proveedores.


Diez recomendaciones para garantizar la transparencia de la contratación de emergencia:


  • El uso de la contratación de emergencia debe justificarse, registrarse y hacerse público
  • Las contrataciones de emergencia son la excepción, no la regla, y deben juzgarse caso por caso
  • Los datos sobre contrataciones de emergencia deben centralizarse en los portales nacionales de contratación electrónica
  • Publicación completa para mantener la confianza
  • Datos abiertos sobre las contrataciones de emergencia
  • Los portales nacionales de contratación electrónica deben ser actualizados en el menos tiempo posible
  • Transparencia para evitar la especulación de precios
  • Datos abiertos para reforzar la debida diligencia con los proveedores y prevenir el fraude
  • Hacer públicas las sanciones por actividades fraudulentas y cárteles de licitación
  • Cooperación con sociedad civil, periodistas de investigación y alertadores


Para cada procedimiento de emergencia adjudicado, las autoridades públicas deberían publicar:


  • La justificación para optar por el procedimiento negociado sin publicación previa, que demuestra que existen verdaderas razones para la extrema urgencia, que los acontecimientos que han llevado a la necesidad de la extrema urgencia eran imprevisibles, por lo que es imposible cumplir los plazos habituales, y que la situación no es atribuible a la autoridad pública.
  • La justificación del motivo por el que se eligió el proveedor seleccionado; El anuncio de adjudicación del contrato.
  • Los contratos de emergencia en su totalidad (con una mínima redacción de información confidencial).
  • Un desglose detallado de los precios de lo que se está comprando.
  • Las condiciones de pago y entrega y los pagos posteriores en relación con esos objetivos.
  • El valor del contrato (incluyendo una justificación si este valor es mayor que el esperado).
  • La evaluación detallada de la oferta a fin de compartir la experiencia y los conocimientos con el público y otras autoridades contratantes.


Para evitar la especulación de precios:


  • Los gobiernos deberían adoptar medidas para lograr una buena relación calidad-precio en sus contratos de adquisición de emergencia y establecer mecanismos para evitar la especulación con los precios en el mercado.
  • Los gobiernos deberían continuar buscando una buena relación calidad precio incluso durante esta crisis.
  • Insertar mecanismos de reducción de precios en los contratos de emergencia de alto valor. Registrar la justificación de la compra de bienes de emergencia con precios excepcionalmente altos.
  • Alentar a las entidades adjudicadoras a que coordinen y realicen contrataciones conjuntas en lugar de competir por el mismo producto o servicio (si la contratación relacionada con la Covid-19 no está centralizada).
  • Llevar a cabo un examen post hoc de los contratos de emergencia para determinar si se obtuvieron beneficios anómalos con disposiciones de recuperación para evitar la especulación.


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