sábado, 23 de marzo de 2019

Los 4.200 partidos políticos de España deberán presentar sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas

Batería de medidas de Rajoy para atajar la corrupción

@sueldospublicos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aprovechado el pleno del Congreso de este jueves para enumerar toda una batería de medidas que ayuden a reducir los niveles de corrupción política en España. Una de las que más nos ha llamado la atención es la intención de regular la compensación de los altos cargos del Estado cuando sean destituidos. No habla de altos cargos autonómicos, provinciales o locales. Eso sí, no sabemos cómo, si usará una fórmula, si será un unos meses por años trabajado o si se computarán los logros obtenidos. Otra de las propuestas es que los responsables financieros de los partidos, los tesoreros, deberán comparecer en el Parlamento para explicar su gestión. 


Estos datos los puedes consultar en la página web de la Moncloa.


Control económico y financiero de los partidos políticos

El Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los Partidos Políticos reforma tres leyes (Financiación de Partidos, Partidos y Tribunal de Cuentas) para aumentar el control, la fiscalización, la transparencia y las obligaciones de los partidos políticos. Las principales medidas que contiene son las siguientes:

  • Se prohíben las donaciones a los partidos políticos procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica.
  • Se prohíben las condonaciones de deuda a los partidos políticos por entidades de crédito. A partir de ahora, las entidades de crédito no podrán efectuar condonaciones totales o parciales de deuda a los partidos políticos. A estos efectos se entiende por condonación la cancelación total o parcial del principal del crédito o de los intereses vencidos, o la renegociación del tipo de interés por debajo de los aplicados en condiciones de mercado.
  • Las donaciones indebidas que reciban los partidos tendrán que ser devueltas o ingresadas en el Tesoro.
  • Se obliga a todos los partidos, y no sólo a los que perciban subvenciones, a presentar sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas.
  • Se aumentan las obligaciones de publicidad y transparencia de los partidos. Así, será obligado que los partidos publiquen en sus páginas web, junto al balance y cuenta de resultados, los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el tipo de interés, el plazo de amortización, así como las subvenciones recibidas y las donaciones de importe superior a 50.000 euros.
  • Se regula la figura del Responsable de la gestión económica-financiera del partido, que comparecerá ante el Parlamento una vez emitido el correspondiente Informe por parte del Tribunal de Cuentas.
  • Se distinguen las labores de fiscalización que ha de realizar el Tribunal de Cuentas en los supuestos de partidos perceptores de subvenciones públicas y de los no perceptores.
  • Se prevé el cobro de las sanciones impuestas a los partidos en período ejecutivo por la Agencia Tributaria.
  • Las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos tendrán que inscribirse en el Registro de Partidos.
  • Se establece la obligación de fijar un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos políticos.
  • Se regula el contenido mínimo de los estatutos de los partidos políticos.
  • Se adapta la regulación de partidos a la recuperación de su responsabilidad penal como personas jurídicas.
  • Se regula la colaboración de entidades integrantes del sector público y de entidades de crédito con el Tribunal de Cuentas, para facilitar la labor fiscalizadora de éste.
  • Se reconoce la capacidad de creación de partidos políticos a todos los ciudadanos de la Unión Europea.

Altos cargos del Estado

En cuanto al Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, quiere cubrir un cierto vacío legal, ya que España no cuenta con un estatuto del cargo público. Este texto crea también más obligaciones, más control, más fiscalización y más transparencia para los altos cargos. Las principales medidas que recoge son:

  • Exigencia de requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, entre ellos la ausencia de antecedentes penales relativos a determinados delitos, como por ejemplo el terrorismo.
  • Exigencia de una declaración responsable para ser nombrado alto cargo.
  • Regulación del régimen retributivo, protección social y compensación tras el cese de los altos cargos.
  • Control sobre los gastos de representación.
  • Creación de un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses.
  • Control de la situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato.
  • Refuerzo de la Oficina de Conflictos de Intereses.
La agencia de noticias Europa Press destaca, además:

- El proyecto de ley de actividad económica-financiera de los partidos ya incluía la prohibición de donaciones a los partidos por parte de empresas (personas jurídicas), y de las operaciones bancarias de condonación o renegociación de deuda, así como la obligación de hacer públicas las cuentas anuales. Ahora se añadírá, vía enmienda, la reducción del límite anual de donaciones de particulares (personas físicas) para que no superen los 50.000 euros anuales (ahora están en 100.00 al año).


- Toda donación superior a 25.000 euros se deberá notificar al Tribunal de Cuentas y publicarse en la página web de la formación política con identificación del donante.


- Los estatutos de los partidos políticos obligarán a renovar los órganos de dirección en un plazo máximo de cuatro años, coincidiendo con el ciclo electoral natural. Ese proceso será organizado por cada partido "como crea conveniente", siempre que se garantice la participación democrática de los militantes mediante congresos, asambleas, u otras formas de participación.


- En los estatutos de los partidos se establecerán órganos para defender los derechos de los militantes, así como el procedimiento de reclamación respecto a los acuerdos adoptados por el partido.


- En paralelo, los estatutos de todos los partidos deberán incluir el procedimiento de expulsión para aquellos de sus miembros que hayan sido condenados por la comisión de cualquier delito doloso. De entrada, se decretará la suspensión automática de militancia a personas incursas en un procedimiento penal y en caso de que se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.


Los 4.200 partidos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior deberán adaptarse a la nueva ley y presentar sus cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas, reciban o no subvenciones o ayudas públicas. Cualquier partido que, en un plazo determinado, incumpla estas obligaciones legales podrá ser extinguido; es decir, el Registro de Partidos Políticos podrá solicitar la cancelación de su inscripción, aunque la última palabra la tendrá la Justicia.


- El Estatuto del Alto Cargo ya prevé la exigencia de presentar, previo al nombramiento, una declaración de bienes, actividades y derechos, certificado de carencia de antecedentes penales por determinados delitos, pero ahora se añade una certificación de su situación tributaria con Hacienda.


- La publicación de las declaraciones de bienes e intereses del alto cargo incluirá más detalles. La información se canalizará en el Portal de la Transparencia que se pondrá en marcha el 10 de diciembre.


- Se mantiene la regulación prevista de los gastos de representación, que incluye la prohibición de utilizar tarjetas de crédito con cargo a la Administración.


- Se reforzarán los medios de la Oficina de Conflicto de Intereses, encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación en materia de incompatibilidades.


- En el Código Penal se incluirá por primera vez la financiación ilegal de los partidos políticos como un delito específico, aunque el presidente del Gobierno no ha precisado la pena.


- Se aumentarán los plazos de prescripción en delitos relacionados con la corrupción. En los supuestos más graves en los que se prevé la pena de inhabilitación, los delitos no prescribirán hasta pasados 15 años (ahora están en diez).

- Las penas de inhabilitación relacionadas con la corrupción se incrementarán.


- Para agilizar los macroprocesos, habrá una nueva regulación de la conexidad, de manera que la instrucción de asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin la necesidad de una concatenación de piezas y establecer las posibles responsabilidades penales con agilidad.


- Se fijarán un plazo máximo para la instrucción de sumarios (tiempo no detallado por Rajoy), haciendo compatible los derechos de los imputados y las necesidades de la labor de investigación con la duración de ese periodo.


- Se garantizará la rápida recuperación de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver. Para ellos, se creará una Oficina de Gestión y Recuperación de Activos derivados del delito.


- El Gobierno convocará 100 nuevas plazas de jueces y fiscales prevista en los Presupuestos Generales del Estado del año 2015 e impulsará las nuevas tecnologías en la lucha contra la corrupción.


- La concesión y denegación de indultos se someterá a control parlamentario. Cada seis meses se remitirá un informe y comparecerá el ministro de Justicia en el Congreso.


- Se modificará la Ley de Contratos para aprobar una nueva regulación del perfil del contratante, limitar el uso de los procedimientos negociados y ampliar las prohibiciones de contratar con la administración.


- Por último, se permitirá que los promotores de una Iniciativa Legislativa Popular comparezcan ante el Parlamento, en la comisión que se determine, no en el Pleno, para presentar su propuesta antes de que se debata en sesión plenaria.

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