lunes, 21 de enero de 2019

Los municipios españoles suspenden en transparencia

Sevilla, Santander y Madrid, las ciudades con mejor nota

@guillermoperis

Dentro de muy poco, nuestra Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013 cumplirá su primer año y, aunque, como todos sabemos, existen diferentes “vacatio legis (plazo de exención en la aplicación legislativa) los ayuntamientos de España todavía no han hecho los deberes en materia de transparencia pública.


El tema de los índices y barómetros está de moda, pero no dejan de ser una herramienta muy útil para conocer el grado de implicación de las diferentes entidades basándose en una legislación en concreto.


Hace un par de semanas se hizo público un nuevo informe titulado Test de Aplicación municipal de la Ley de Transparencia. Elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el estudio analiza la situación de los 144 municipios españoles de más de 50.000 habitantes.

Transparencia municipios

El objetivo es valorar, en términos cuantitativos, el grado de adecuación actual de los ayuntamientos a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante "Ley de Transparencia") en el ámbito municipal en dos aspectos diferentes:

  • Calidad y adecuación a la ley de la información pública.
  • Facilidad de acceso a dicha información.

Dejando aparte la metodología utilizada, el informeparte de una situación de necesidad de mejora de la transparencia. Esta conclusión se basa en que un 47% de la muestra no llega al aprobado, siendo el promedio de puntuación total de 2,64 puntos sobre 5,00, es decir, apto por la mínima. Lo que significa que hay un amplio camino por recorrer. Así, existe un dilatado abanico de propuesta de mejora. 15 ayuntamientos tienen una transparencia prácticamente nula y 53 municipios cuentan con una transparencia insuficiente, si bien 52 entidades locales aprueban y 23 tienen una transparencia buena (aunque siempre mejorable). El equipo investigador entiende que un 82% de la muestra debe mejorar su situación para cumplir con la Ley de Transparencia.


Los diez primeros puestos son para municipios de más de 100.000 habitantes y los diez de cola corresponden a ayuntamientos de menos de 100.000 ciudadanos. Sin embargo, no se ha podido verificar una correlación entre el nivel de transparencia y el tamaño del municipio. Las posiciones de honor del ranking nacional son para grandes municipios, Sevilla (4,38 puntos), Santander (4,29 puntos) y Madrid (4,28 puntos).


El informe describe una serie de conclusiones que son importantes a tener en cuenta para evaluar el impacto de la Ley de Transparencia en los municipios de más de 50.000 habitantes de nuestro país. Destacamos las más importantes:

  • A fecha de realización del estudio (julio 2014) se estima que existe un déficit en la aplicación de la Ley 19/2013 que ofrece un gran recorrido para que las administraciones locales actualicen y mejoren sus mecanismos de información ciudadana.
  • La propia Ley de Transparencia establece que las administraciones locales y autónomas dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a la misma (diciembre de 2015). Los resultados de este estudio permiten situar el punto de partida de cada ayuntamiento y definir el camino que queda por recorrer hasta la fecha prevista de adaptación.
  • Aunque el tamaño del municipio no parece ser un aspecto clave para los resultados de Transparencia obtenidos, se ha observado que, en general, los ayuntamientos más pequeños han alcanzado un nivel de transparencia inferior.
  • Se puede pensar que el nivel de transparencia exigible en municipios menores debe ser menor. Sin embargo, la Ley no contempla tal escenario.

El estudio finaliza recomendando a los municipios la creación y desarrollo de un “site” de Transparencia como contempla la Ley en sus sedes electrónicas. En este sentido, la norma señala que las nuevas tecnologías permiten hoy en día desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita que, a través de un punto único de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la información disponible. Además, este sitio debe brindar un diseño práctico e intuitivo, que facilite el acceso y la navegación.


Querido Sancho, cabalgamos, pero muy lentos.

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