martes, 11 de agosto de 2020

Colau recoloca a las parejas sentimentales de dos concejales con sueldo público de asesor

Meter a familiares, amigos o novios en nómina, un clásico de la política española

@Andrea_pereez

El Ayuntamiento que dirige Ada Colau ha vuelto a usar su facultad legítima, pero siempre polémica y discutida, para contratar -la oposición afirma que es colocar, recolocar o enchufar- a las parejas sentimentales de dos concejales de su equipo de gobierno, Eloi Badía y Lucía Martín. Las nuevas incorporaciones recibirán un sueldo público por ejercer un cargo de asesor.


Tatiana Guerrero, pareja del concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona y Gràcia, Eloi Badía, ocupa desde el 2 de marzo el cargo de asesora de la tenencia de alcaldía de Derechos Sociales. Guerrero había sido asesora de la alcaldía durante el mandato de 2015 a 2019.


En 2016, este digital se hizo eco de la confusión con los datos sobre su sueldo real y limitado. Su retribución que era de 50.790 y no aparecía en el Portal de Transparencia del consistorio catalán el indicativo que le incluía dentro del código ético de Barcelona En Comú que le limita el sueldo. Por lo tanto, podía percibir su salario al completo en vez de limitarlo como ocurría con sus compañeros. Posteriormente, Guerrero admitió que su salario si estaba limitado y se incluyó en el Portal. Su sueldo entonces era de 14 pagas anuales de 2.000 euros netos.


Ada Colau

Colau (El Economista).


El sueldo que aparece en la web del Ayuntamiento que tiene asignado Guerrero como asesora es de 56.714 euros. De nuevo, no aparece indicado la limitación de salario por lo que su aumento sería hasta de 6.000 euros.


Alicia Ramos, que era diputada en el Congreso de Podem, ha sido nombrada asesora del área de Ecología del Área Metropolitana de Barcelona. Estas últimas elecciones Ramos no había conseguido escaño de nuevo en la Cámara. Es pareja sentimental de la concejal de Vivienda, Lucía Martín. El sueldo que tienen asignado los asesores de área según la página web del Ayuntamiento de la ciudad condal es de 52.075 euros. En este caso tampoco aparece indicado la limitación de salario que impone su partido.


Guerrero está amparada por el decreto que firmó la alcaldesa, Ada Colau, donde permite que se pueda designar hasta 35 puestos directivos a personas que no sean funcionarias. Recuerda que Colau tiene un sueldo público asignado de 100.000 euros brutos anuales, pero su partido se lo limita a 14 pagas de 2.200 euros netos, más un suplemento de 900 euros mensuales desde su segundo mandato. En total, 3.100 euros, el doble, en junio y diciembre.


Informe del Tribunal de Cuentas

En enero el Tribunal de Cuentas redactó un informe de Fiscalización de la contratación menor de los ayuntamientos de más de medio millón de habitantes de 2016. En él se alertaba  que el gobierno municipal de Colau había adjudicado 64 contratos menores al límite de la legalidad. De los 64 contratos, 51 eran de servicios, nueve de suministros y cuatro de obras. Según publicó El País, los de obras pueden adjudicarse por importes menores de 50.000 euros y el resto de servicios de 18.000 euros. El Tribunal de Cuentas asegura que se adjudicaron por solo un euro menos del límite: 17.999 euros y 49.999 euros.


Desde el consistorio se respondió que el Tribunal analizó 12.247 contratos y solo indicó 64 y además no señala ilegalidad. Tampoco se abrió un expediente sancionador. Se afirmó que los contratos menores no son adjudicados por la alcaldesa, sino por los gerentes. 


Otros casos similares

En julio de 2019 este digital recordó que la alcaldesa de Valencia durante 24 años, Rita Barberá, había nombrado “a dedo” a su hermana, Asunción Barberá, jefa del Gabinete. Tras el cambio de gobierno, en 2015, ocupó el cargo de jefa de Servicio en el área donde se celebran las bodas civiles. Después de las elecciones de mayo de 2019, la candidata del PP a la Alcaldía y líder de la oposición, María José Català, nombró a diez de los once asesores que le corresponden para esta legislatura. Entre ellos, a su hermana, Sonsoles CatalàEl año pasado tenía asignado un sueldo de 58.860 euros. En 2020 son 60.037 euros en 14 pagas de 4.288 euros.


La diputación de Castellón estuvo bajo control del Partido Popular más de dos décadas donde se colocaron “a dedo” familiares y amigos de Carlos Fabra, que fue presidente de esta institución 16 años. Esther Pallardó, exjefa de prensa de Fabra y pareja, llegó a convertirse en la primera mujer vicepresidenta de la institución provincial. Andrea Fabra, hija del expresidente, fue senadora designada por la Comunidad Valenciana entre 2007 y 2008 y diputada por la provincia de Castellón entre 2008 y 2015.


 Con la llegada del PSPV-PSOE tampoco se puso fin a enchufismos. Josep Martí, alcalde del municipio de Sueras, fue investido presidente el pasado mes de junio. Lleva en el cargo municipal desde 2007. Entre los asesores de gobierno se encuentran Josep Simarro, hijo de Maria Josep Safont, alcaldesa de Burriana; y Francisco Daniel Garcés, pareja sentimental de Samuel Falomir, alcalde de l’Alcora, tal y como adelantó Las Provincias en julio. Unos puestos que están retribuidos con 33.386 euros brutos anuales, según el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón (BOPC). Son 2.385 euros mensuales y 4.769 en junio y diciembre. En el Portal de Transparencia de la Diputación se puede consultar las nóminas de los diputados. Martí, como presidente, percibe una retribución anual de 68.080 euros.


Otro caso de enchufismo es el que saltó a la luz en octubre de 2019 en el Ayuntamiento de Móstoles con la alcaldesa socialista, Noelia Posse, que fue nombrada en febrero de 2018 tras la dimisión de su predecesor y elegida en las elecciones municipales de mayo. La dirección autonómica quería que dejara el cargo tras la polémica que se generó con unos nombramientos que realizó y luego tuvo que rectificar. Posse nombró a su hermana y a una amiga. También mejoró los sueldos de su tío y un antiguo novio. Según el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Móstoles, Posse cobra un sueldo anual de 82.000 euros.


Desde hace algunos años, el Parlamento Europeo prohíbe a sus diputados contratar a familiares como asesores.


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