jueves, 18 de octubre de 2018

¿Es admisible que una empresa privada con 6.715 millones de euros de deuda gestione un ente público?

Acciona ha ofrecido como garantía de crédito, sin permiso, los ingresos que obtiene de lo que cobra a los catalanes por administrar la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL)

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Redacción/Agencias (EFE).- La palabra clave de esta noticia es ‘pignorar’ esto es, ofrecer como garantía de un crédito un bien que no es inmueble. En este caso, la empresa privada Acciona ha usado como garantía de ese crédito ante el Banco de Santander dinero, pero no el de su hucha particular, sino los ingresos que obtiene de gestionar la empresa pública Aigües Ter-Llobregat. Es decir, el dinero de los usuarios catalanes que pagan el agua que sale de sus grifos, mangueras y piscinas.


Pero si rascamos un poco más, nos damos cuenta de que Acciona tiene una deuda financiera de 6.715 millones de euros. ¿Cómo es posible que una empresa priva con tal magnitud de agujero esté gestionando el agua de una parte importante de los vecinos del área metropolitana de Barcelona? ¿No son las cuentas saneadas un requisito para explotar un ente público? ¿Qué criterios ha adoptado la Generalitat de Cataluya para concederle a Acciona este ‘caramelo’?


Y lo peor de todo es que esta pignoración vulnera la ley, puesto que los ingresos producto del servicio de abastecimiento de agua de la red Ter-Llobregat son derechos económicos de naturaleza pública y constituyen un derecho de la Generalitat de Catalunya, en concreto de su hacienda autonómica. Por lo tanto Acciona no tiene derecho, sin pedir permiso a la Generalitat, de pignorar estos ingresos. Y hasta la fecha, Acciona no ha pedido estos permisos.


Como siempre, en estos casos, la competencia, vigilante, está al acecho. Lo explicamos. Aigües de Barcelona, la empresa mixta que suministra el agua en el área metropolitana de Barcelona, sostiene que Acciona, que gestiona la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), ha pignorado en favor del Banco Santander derechos de cobro de ATLL por la prestación del servicio de abastecimiento de agua.

"Derecho público"

Esta empresa, participada por Agbar y por el Área Metropolitana de Barcelona, asegura que esos ingresos son "de derecho público" y duda que se puedan ofrecer como garantía de un crédito ante un banco.

Por este motivo, ha comunicado a este banco que "no puede" efectuar ningún ingreso en una cuenta a nombre de ATLL Concesionaria para pagar lo que le corresponde por los servicios que recibe de ATLL, sino que se inclina por pagar a la administración de la forma habitual.

Así consta en una carta, remitida por Ana Maresca, la directora jurídica de Aigües de Barcelona, la empresa metropolitana de gestión del ciclo integral del agua, al Banco Santander, la entidad en la que ATLL Concesionaria pidió que se hiciera el pago.

La empresa metropolitana sostiene que no puede hacer este ingreso "sin como mínimo conocer" que la concesionaria, en manos de Acciona, tiene "autorización" de la Generalitat para ser titular de un ingreso de estas características, una postura que avaló el consejo administración de la sociedad en la última sesión.

Esta discrepancia formal se enmarca en la pugna abierta en Cataluña entre Agbar y Acciona por el control de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat, la mayor privatización llevada a cabo por la Generalitat y que ha desencadenado una auténtica batalla legal entre ambas compañías en los tribunales.

En la mencionada carta, remitida mediante un burofax, la empresa suministradora del agua al área metropolitana sostiene que el pasado 3 de febrero ATLL Concesionaria, en manos de un consorcio liderado por Acciona, se dirigió al Área Metropolitana de Barcelona para pedirle que abonara el 61% de la tarifa por poder abastecerse de agua a través de la red de instalaciones de ATLL a esta cuenta abierta en el Santander.

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