viernes, 30 de octubre de 2020

Los cuatro vicepresidentes del Gobierno podrán disponer de hasta 36 asesores en total: cuatro con rango de director general y 32, de subdirector general

Hasta 19 directores generales del Estado de 11 ministerios no serán funcionarios

@carlestorrijos

¿Es necesario pagar la nómina de hasta 36 asesores para cuatro vicepresidentes del Gobierno si encima solo sabemos que tienen rango de director general o subdirector general, pueden cobrar pagas extraordinarias y complementos de productividad pero su sueldo público y currículum de cada uno de ellos no se detalla en el Portal de la Transparencia del Gobierno? Es la pregunta que este digital lleva planteando hace años y que sigue sin tener respuesta.


Ministros, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, secretarios generales, directores generales y jefes de Gabinete son puestos de libre designación para los que no es necesario ser funcionario, aunque muchos lo son. Todos estos cargos sí aparecen en el Portal de la Transparencia del Gobierno: nombre, apellidos, cargo, número de trienios de antigüedad, si son funcionarios, fecha de toma de posesión y el currículum de todos ellos.


Ahora bien, los subdirectores generales y hacia abajo en el escalafón ministerial, es decir, jefes de Servicio, Sección o Negociado, sí han superado unas oposiciones y son el esqueleto básico de la Administración General del Estado. Son los que ‘levantan la faena’ encomendada por los que toman las decisiones, pero su experiencia y formación, con frecuencia, son fundamentales para dar continuidad y sostenibilidad al funcionamiento ordinario de lo público una vez que hay cambio de gobierno. Estos empleados son vitales sacar adelante los proyectos y las políticas públicas que vienen recogidas en un programa electoral.


Ministros Sánchez

Foto de familia del primer Consejo de Ministros del Gobierno de coalición.


Con todo, cuando llega un político a un 'despacho ministerial', lo primero que hace es nombrar a un jefe o director de Gabinete y a un jefe de Prensa o director de Comunicación. Estos dos puestos y el de Protocolo son básicos en cada ministerio, aunque este último no aparece en el Portal de la Transparencia del Gobierno ya que suele ser funcionario. Lo segundo que hace el cargo recién llegado es saber cuántos asesores de confianza puede nombrar en diversas materias para conformar su equipo de trabajo. Y está en su derecho, es lo normal y necesario, pero siguen habiendo lagunas a la hora de conocer quiénes son. ¿A quién llama?


El político puede tirar mano de gente del partido, con formación universitaria o no. Puede compensar a compañeros que no han salido elegidos en las listas con un puesto de asesor. Esto ocurre en concejalías y diputaciones provinciales, como ya te contamos en este artículo. También puede recurrir al ámbito universitario para ‘captar’ talento intelectual, tengan o no experiencia en la empresa privada y sean meros teóricos, intelectuales con muchos artículos y libros publicados a sus espaldas.


Una de las opciones es explorar la propia Administración Pública. Al menos, PP y PSOE tienen experiencia de Gobierno y saben de qué pie cojean cientos de altos funcionarios. Es una opción para completar los puestos de un ministerio. En este ‘ecosistema’ es donde hay que ‘pescar’ el personal para configurar tu equipo.


Jefes de Prensa

Por el contrario, es más complicado ‘fichar’ a asesores de la empresa privada o autónomos brillantes, con una cartera de clientes consolidada que peligraría si dejaran de ejercer su profesión por cuenta propia. En ocasiones, para los puestos de jefes de Prensa, un ministro, un consejero autonómico o un concejal llaman a un periodista brillante de la sección de política de un rotativo nacional, provincial o local. La oferta económica es más que jugosa, pero la velocidad con la que te nombran es la misma con la que cesas. 


Ministros de Rajoy tiraron mano de redactores de ABC y La Razón, en su momento. Por ejemplo, su secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, venía de Onda Cero y antes estuvo en Cope. Y Pedro Sánchez fichó a Miguel Ángel Oliver, periodista de Cuatro y antes de la Cadena SER. No son funcionarios, pero gracias al complemento de productividad su retribución supera los 100.000 euros. En el caso de Castro, más de 115.000 euros. El caso más reciente es el de Inés Calderón, periodista, politóloga y estudiante de Derecho, la que fuera editora de Sueldos Públicos y luego redactora en El Objetivo de La Sexta, es la nueva directora de Comunicación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Otro ejemplo: En la Generalitat Valenciana, el jefe de Prensa de una conselleria cobra unos 45.000 euros brutos anuales. Son sueldos muy por encima de lo que cobra un redactor de Levante-EMV o Las Provincias, en la ciudad de Valencia. También es una manera de ‘comprarlos’: si lo ficho dejará de publicar cosas contra mi gobierno. Eso ‘descabeza’, en ocasiones, los equipos de investigación de los rotativos y la calidad de sus publicaciones tarda en recuperarse.  


En definitiva, solo tenemos el Boletín Oficial del Estado (BOE) como fuente oficial documental para saber números, pero no nombres, ni sueldos ni currículums. Idéntica situación ocurre con el personal eventual o asistentes de los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado. Desconocemos quiénes son y lo que cobran las personas que asesoran a los representantes de la soberanía nacional. El Parlamento Europeo sí publica en su página web el nombre de los asistentes de cada eurodiputado, en su propia ficha. Ya es un avance.


También hay consistorios que hacen los deberes, a medias. Siguiendo con el ejemplo de Valencia, el Portal de Transparencia del Ayuntamiento que dirige Joan Ribó publica lo que cobran sus asesores. Los identifica con nombre, apellido y grupo municipal y adjunta la retribución bruta de cada uno de ellos, pero no su currículum. Son sueldos que oscilan entre los 4.200 euros mensuales y los 4.900. El doble, en junio y diciembre, con la paga extra. ¿Cuántos redactores o jefes de Sección o Redacción conoces que cobren esa cantidad?


Los asesores de los ministerios

Entre este martes y miércoles, el BOE ha publicado la estructura de la Presidencia del Gobierno y de los diferentes departamentos ministeriales del primer ejecutivo de coalición desde la restauración de la democracia en España. Incluso si comparas los diferentes artículos de otros digitales, hay pequeñas diferencias entre el número de altos cargos que componen el equipo de Pedro Sánchez y su nuevo ‘super’ jefe de Gabinete, Iván Redondo, que asume más competencias. Por otro lado, era previsible que con más ministerios haya más de todo y por lo tanto, más gasto. 


Aunque técnicamente el Gobierno solo lo forman el presidente, los vicepresidentes y los ministros, 23 personas en total, se han contabilizado hasta 259 altos cargos: 30 secretarios de Estado, en los que se incluyen la de Redondo y el secretario de Estado de Comunicación, 50 subsecretarios de Estado, 135 directores generales y 21 secretarios generales técnicos. Son 236 personas si no contamos los miembros del Consejo de Ministros, 58 más que al inicio del primer gobierno de Sánchez, el que surgió fruto de la moción de censura contra Rajoy. ¿Y qué dice el BOE para los asesores a los que tiene derecho cada departamento?


"Los gabinetes de los titulares de las Vicepresidencias del Gobierno que asumen, a su vez, la titularidad de un departamento ministerial estarán integrados por un director, con rango de subsecretario, y un máximo de nueve asesores, uno de ellos con rango de director general, y los demás con nivel orgánico de subdirector general, pudiendo tener cuatro de ellos funciones de coordinación del resto". Al haber cuatro vicepresidentes, la suma son: cuatro directores (de Gabinete) y un máximo de 36 asesores más a repartir entre Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera.


Por otro lado, "los gabinetes de los demás titulares de departamentos ministeriales estarán formados por un director, con rango de director general, y por un máximo de cinco asesores, con nivel orgánico de subdirector general". En total, 18 directores (de Gabinete) y hasta un máximo de 90 asesores.


Y, por último, "los gabinetes de los titulares de las Secretarías de Estado estarán formados por un director y un máximo de tres asesores, todos ellos con nivel orgánico de subdirector general". Son 30 directores (de Gabinete) y hasta 90 asesores para los 30 secretarios de Estado.


En resumen, los cuatro vicepresidentes, los 18 ministros y los 30 secretarios de Estado del Gobierno de España pueden nombrar a 52 directores (de Gabinete) y a un máximo de 216 asesores. En junio de 2019, el Gobierno de Sánchez sumaba 670 asesores eventuales, un 12% más que el de Rajoy, pero también más que los que tenían Aznar y Zapatero. (Las cifras bailan según se compute asesores o personal de libre designación).


Ahora, hasta 56 altos cargos de libre designación dependerán del jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, algo inédito en España. De los que tengan rango de director general hacia arriba: secretarios generales, director adjunto al Gabinete, subscretarios de Estado y secretarios de Estado, el mismo rango que Redondo, sí podremos conocer sus retribuciones y su currículum en el Portal de la Transparencia del Gobierno, pero eso será en enero de 2021, a año vencido. Sobre los que sean técnicamente ‘asesores’, con rango de director general o subdirector general, no se publicará nada oficialmente.


El BOE se limita a adjuntar el rango de de los asesores para que podamos intuir lo que podría cobrar cada uno consultando la página 8 del Decreto Ley de medias urgentes de 22 de enero de 2020. Un director general puede cobrar unos 60.000 euros brutos anuales, sin contar los trienios de antigüedad. Con el complemento de productividad, su sueldo puede alcanzar los 75.000, 80.000, 90.000 o más de 100.000 euros. Esa productividad se consigue, por ejemplo, trabajando por las tardes. 


Direcciones Generales

Nos ha llamado la atención que el texto introductorio del del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales dedicara varias páginas a explicar o justificar que varias direcciones generales no serán ocupadas por funcionarios o empleados públicos. No es obligatorio ser funcionario para ser director general. Para ser subdirector general, sí. Como tampoco es obligatorio ser funcionario para ser delegado del Gobierno, pero para ser subdelegado del Gobierno, sí es necesario aprobar unas oposiciones y tener plaza. De manera que hasta 19 directores generales del Estado de 11 ministerios no serán funcionarios: 


  • En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la persona que dirija la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes no ha de ser específicamente un empelado del sector público.
  • En el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Infraestructuras no ha de estar regida por un funcionario.
  • En el Ministerio de Interior, la persona que dirija la Dirección General de Tráfico (DGT) no hace falta que sea un empleado público.
  • En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el director general de Agenda Urbana y Arquitectura tampoco tiene que ser necesariamente funcionario.
  • En el Ministerio de Trabajo y Economía Social esta disposición se aplica a la Dirección General de Trabajo Autónomo, de Economía Social y de Responsabilidad Social de las Empresas.
  • En el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es la Dirección General de Política Energética y Minas la que no requiere de un funcionario específicamente para su dirección.
  • En el Ministerio de Cultura y Deporte, la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura y la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación no habrán de estar dirigidas específicamente por un funcionario.
  • En el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y la Dirección General de Consumo podrán estar dirigidas por una persona que no provenga del sector público.
  • En el Ministerio de Derechos Sociales y para la Agenda 2030 la Dirección General de Política Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, la Dirección General de Derechos de los Animales y la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia no requieren necesariamente de un funcionario para dirigirlas.
  • En el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Dirección General de Migraciones y la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria son las que se atienen a esta disposición.
  • En el Ministerio de Igualdad, es la Dirección General de Diversidad y Derechos LGBT, la Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, la Dirección General del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Dirección General del Instituto de la Juventud (INJUVE) también podrán ser dirigidos por una persona que no provenga del sector público.  


Además, se han suprimido diferentes Direcciones Generales como la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales; la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática; la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos o la Dirección General de Formación Profesional, entre otras.





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