jueves, 12 de diciembre de 2019

Oriol Junqueras: de cobrar más de 100.000 euros brutos anuales a recibir una prestación por cese de actividad

El que fuera vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y el presidente de ACN, Jordi Sànchez, solicitan una indemnización que ofrece el Parlament

@judith_celma

El diputado por Barcelona, suspendido desde el 24 de mayo, Oriol Junqueras (ERC), ha cobrado sueldos públicos en política durante 11 años. Por su parte, Jordi Sànchez (JxCat-JUNTS), diputado por la misma circunscripción y también suspendido, lo ha hecho durante menos de un año. Los dos encarcelados por el ‘procés’, llevan en prisión preventiva comunicada y sin fianza desde el 2 de noviembre de 2017, pero ahora percibirán una prestación económica pública después de que la Mesa del Parlament de Cataluña aprobase la petición de los dos exparlamentarios catalanes este martes.


Además, según sus respectivas declaraciones de bienes y rentas presentadas en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de mayo, ambos siguieron percibiendo un sueldo del Parlament en 2018, pese a estar en prisión. Junqueras también percibió una indemnización como exvicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda. Este ingresó 16.337 euros netos del Parlament, 12.417 euros de la Generalitat y 213 euros por “cursos y conferencias” de Pages Editor S.L. y pagó 28.270 euros de IRPF. Sànchez ingresó 20.000 euros del Parlament, pero no se indica la cantidad de IRPF.


Mientras acaba de dilucidarse la sentencia por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la proclamación de la República Catalana el 27 de octubre del mismo año, los dos han sido los únicos políticos presos que han solicitado esta prestación que concede el Parlament. 


Oriol Junqueras sueldos publicos

Junqueras (El Economista).


La Norma sobre previsión social de los miembros del Parlament de Cataluña establece que “los diputados que causen baja por causas diferentes a la defunción, que no renueven mandato en la constitución de la legislatura siguiente, y aquellos que causen baja por cualquier motivo durante la legislatura, tienen derecho a una prestación económica proporcional a los años de permanencia y a la asignación recibida por la cámara”. Así, Junqueras, parlamentario en la Cámara catalana desde 2012, percibirá una prestación de 13.000 euros, mientras que Sànchez, diputado desde enero de 2018, de 900 euros, como adelantó Europa Press este martes.


Los derechos económicos de los presos en España

Los presos pierden el derecho a percibir la prestación por el paro una vez entran en prisión a no ser que tengan cargas familiares. Por otra parte, aquellos que perciban alguna pensión por jubilación, incapacidad permanente, invalidez, viudedad u orfandad sí pueden percibirla, pero no en su totalidad. La cuantía que les corresponde, en estos casos, se encargará de establecerla la comunidad autónoma. Por ejemplo, Andalucía es en la única comunidad en la que la perciben de forma íntegra. Además, si un preso consigue un contrato laboral con la entidad Trabajo Penitenciario y formación para el Empleo, podrá cobrar su retribución.


Pero los políticos catalanes encarcelados se encuentran en una situación diferente: no tienen derecho a paro, porque los políticos no lo tienen. Por ello, muchas instituciones aprueban prestaciones una vez cesen del cargo si no encuentran trabajo, como la indemnización de transición de diputados y senadores. Y a eso se han acogido Junqueras y Sànchez, quienes han visto cómo sus ingresos públicos han caído en picado hasta llegar a cero.


Oriol Junqueras i Vies

Nació en Barcelona en 1969 y se licenció en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1996. Es doctor en Historia del Pensamiento Económico por la misma universidad desde 2002 y profesor en la UAB desde 1998. Empezó en política en 2007 como concejal en el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), consistorio en el que llegó a ocupar la Alcaldía entre 2011 y 2015. Militante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) des de 2011, dio el salto a la política europea en 2009 como eurodiputado. Ha sido parlamentario en la Cámara catalana entre 2012 y 2017 y vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña entre 2016 y el 28 de octubre de 2017, cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña.


Consiguió un escaño en el Congreso tras las elecciones del 28 de abril, pero fue suspendido por el Acuerdo de la Mesa del 24 de mayo de 2019. Es el presidente de ERC desde 2011 y el pasado domingo fue ratificado en el cargo con un 88% de los votos de la militancia. De esta forma, seguirá siendo el número uno de su lista en el caso de que se celebren, finalmente, unas nuevas elecciones generales el próximo 10 de noviembre.


En 2015, percibía 5.757 euros brutos al mes, además de 1.543 euros de indemnización por su cargo de diputado en el Parlament. En 2016, tenía un suelo asignado de 109.663 euros brutos anuales como vicepresidente y conseller, aunque ocupó el cargo el 14 de enero de ese año. Hasta ese día, percibió 1.204 euros y 674 euros de indemnización de la Cámara catalana. En 2017, el sueldo de conseller aumentó hasta los 110.759 euros en 14 pagas. Son 7.911 euros al mes y 15.823 euros los meses de paga extra. Junqueras no los cobró en su totalidad porque cesó a finales de octubre con la aplicación del 155.


En 2019, los consellers de la Generalitat perciben 115.517 euros al año, un 39% más que Pedro Sánchez y un 58% más que un ministro. Junqueras ha pasado de ser ‘cienmileurista’ a tener que solicitar la prestación al Parlament porque sus cuentas no ingresan dinero desde que empezó el año. 


Según su declaración de bienes y rentas, Junqueras tiene dos viviendas de pleno dominio y al 25% en Barcelona (una como herencia y otra como donación), 11.273 euros en dos cuentas corrientes, 210.135 euros en cuatro fondos de pensiones y un Renault Grand Scenic desde 2015.


Por otra parte, los cargos públicos de ERC donan un porcentaje de su sueldo al partido. Hasta los primeros 15.000 euros deben abonar, 360 euros; hasta 25.000 euros, 760 euros; hasta 35.000 euros, 1.860 euros. A partir de los 35.000, se abona el 14% del sueldo. 


La Fiscalía pide para Junqueras 25 años de prisión por los delitos de rebelión y malversación; la Abogacía del Estado, 12 años por sedición y malversación: y VOX, como acusación particular, pide 74 años por los delitos de rebelión, pertenencia a organización criminal y malversación. Junqueras permanece en la cárcel de Soto del Real, en Madrid.


Jordi Sànchez i Picanyol

Nació en Barcelona en 1964 y se diplomó en Geografía e Historia en la Universidad de Barcelona en 1986. En el 91, se licenció en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un máster en Ciencias Políticas por la UAB (1993). Entre 1994 y 2010, ha ejercido como profesor asociado en la UAB, la UB y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y ha sido profesor de máster y posgrado en otros centros.


Entre 1996 y 2004, fue consejero independiente de la antigua Corporación Catalana de Radio y Televisión y ha trabajado en la Fundación Jaume Bofill entre 1996 y 2010 (como director desde 2001). Fue adjunto general al Síndic de Greuges de Cataluña entre 2010 y 2015 y, desde ese año hasta 2017, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), desde dónde defendió la celebración del referéndum.


Jordi Sanchez sueldos publicos

Sánchez ( El Economista. EFE).


Sànchez percibió en 2018, como diputado raso, una asignación de 2.871 euros al mes. Según su declaración de bienes y rentas, fueron 20.000 netos, pero no sabemos la cantidad de IRPF que pagó (aparecen dos asteriscos en el documento). Tiene dos viviendas al 50%: su casa habitual en Barcelona y otra en Girona. Declaraba 5.460 euros en cuentas corrientes, aunque con el matiz de que son datos de 2017; un plan de pensiones que alcanza los 176.334 euros y un crédito hipotecario al 50% de 280.000 euros con un saldo pendiente de 254.128 euros en 2017.


OK Diario adelantó, en 2018, que Sànchez cobró supuestamente 8.000 euros al mes de la Fundación Pompeu Fabra, una universidad pública, por los “estudios y trabajos” realizados.

La Fiscalía pide para él 17 de años de prisión por rebelión tras la manifestación del 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria de Economía; la Abogacía del Estado, ocho años por sedición; y la acusación popular representada por VOX, 52 años por los delitos de rebelión, sedición y pertenencia a organización criminal. Sànchez permanece en la prisión de Soto del Real, en Madrid.


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