El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales no ve "razonable" aplicar la norma a la Conferencia Episcopal

El Gobierno todavía no sabe si incluirá a la Iglesia en la Ley de Transparencia

El Gobierno está preparando un informe para determinar qué instituciones han de someterse a la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y si entre ellas si incluye a la Iglesia, según fuentes gubernamentales.

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MADRID (EUROPA PRESS).- El Gobierno está preparando un informe para determinar qué instituciones han de someterse a la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y si entre ellas si incluye a la Iglesia, según fuentes gubernamentales.

El Pleno del Congreso aprobó el pasado 26 de febrero, en el marco del Debate de la Nación, una resolución en la que instaba a extender el espíritu de la Ley de Transparencia a "aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público". Este texto contó con el voto a favor de PP, CiU, UPyD, CC, PNV y UPN, mientras que PSOE e Izquierda Plural se abstuvieron.

Al hilo de ese acuerdo parlamentario, el Gobierno está analizando qué instituciones se financian principalmente a través de dinero público para saber con claridad cuáles son las que se verán afectadas por la Ley de Transparencia, que está en este momento en trámite parlamentario.

Fuentes gubernamentales han admitido que la Iglesia puede ser una de esas instituciones en tanto que es receptora de dinero público. Así, la Iglesia recibe fondos públicos para la conservación de sus centros religiosos, para colegios católicos y profesores de religión y a través de la casilla en la declaración de la renta (IRPF).

Sin embargo, el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, uno de los principales asesores del Ejecutivo en esta materia, ya ha adelantado en el Congreso que no es partidario. "No creo que deba estar; no es razonable con el espíritu de la norma", ha comentado, sin entrar en más detalles.

Casa Real

Por lo pronto, la Casa del Rey será una de las instituciones que se someterá a la futura Ley de Transparencia, aunque se está negociando con Zarzuela cómo será su encaje dado que no es una administración pública.

La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este miércoles, en una conversación informal con los periodistas, que están "muy avanzadas" esas negociaciones con la Casa del Rey, de las que se informará a los grupos parlamentarios.

La 'número dos' del Gobierno ha explicado que se someterá al control de la Ley de Transparencia los gastos de la Casa del Rey que asumen otros Ministerios, esto es, todos aquellos aspectos sujetos al derecho administrativo, como los gastos de personal de la Zarzuela. A su entender, la norma supondrá un "cambio revolucionario" porque implica "pasar de 0 a 100".

Desde 2011, la Casa del Rey hace público un desglose de una parte de la partida que recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado (en torno a unos ochos millones de euros en los últimos años), pero no informa sobre los gastos que asumen otros Ministerios.