lunes, 19 de noviembre de 2018

Pagan 6.000 euros brutos al mes por buscar falsas informaciones sobre Cataluña

Adam Majó es el nuevo director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña

@VerstrepenLoic

El nombramiento de Adam Majó como director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña el pasado 1 de octubre era una propuesta de ERC durante las pasadas negociaciones para la formación del Gobierno catalán. Este nuevo cargo, dependiente del departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, tiene como objetivo defender los derechos civiles de los ciudadanos catalanes.  


Quien ha propuesto a Majó como director de esta, es Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat. Esto se traduce, según declaraciones de Majó, en una tarea “beligerante” de “combatir falsas informaciones”, en referencia a las declaraciones de Pablo Casado sobre la violencia en Cataluña o las de Dolors Montserrat, portavoz de los ‘populares’ en el Congreso, cuando denunció que “la mitad de los catalanes son ciudadanos de segunda sin derechos”.


Además de defender a la Generalitat de “falsas acusaciones”, la oficina de Majó se encargará de responder a vulneraciones de los derechos fundamentales de ciudadanos que se denuncien en la comunidad autónomas para evitar que queden impunes. La iniciativa surgió como respuesta del Gobierno catalán a agresiones de grupos violentos de extrema derecha, aunque el Govern ha asegurado que se perseguirán todos los ataques a los derechos civiles y políticos, independientemente de su procedencia. Majó, su nuevo y primer director, fue militante de la CUP durante 27 años y ha cobrado sueldos públicos durante cerca de 10 años.


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Todavía no consta la retribución de Majó en el documento con las retribuciones de la Generalitat en su Portal de Transparencia, actualizado, en teoría, cada mes. Ni siquiera aparece su cargo en la lista, a pesar de que la última actualización es del 1 de octubre, misma fecha en que se publicó el nombramiento de Majó. Sin embargo, sabemos que la Oficina de Derechos Civiles es considerada una secretaría sectorial en la Generalitat de Catalunya, por lo que Majó tiene un rango orgánico de secretario general, según la sede electrónica de la institución. 


 Todos los secretarios generales de la Generalitat comparten un mismo salario, de 85.769 euros brutos al año. Por lo tanto, Majó percibirá esa misma cantidad, de unos 6.126 euros al mes y 12.253 euros los meses de paga extraordinaria, en junio y diciembre. Recuerda que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tiene un sueldo asignado de casi 81.000 euros brutos en 2018, aunque vive en un palacio con todos los gastos pagados.


Antes de incorporarse a la Generalitat, Majó era comisionado del Centro Histórico en el Ayuntamiento de Manresa. Su salto del ámbito municipal al área autonómica significa también un salto retributivo de más de 50.000 euros al año. Como comisionado del Centro Histórico de Manresa recibía 34.876 euros anuales, con una dedicación del 90 % a sus responsabilidades municipales, según el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Manresa. Esto son 2.491 euros al mes, 4.982 euros los meses de paga extra. Su labor en el consistorio manresano consistía en asesorar todas las actuaciones en el centro histórico del municipio para la rehabilitación de viviendas, la mejora del espacio público, la accesibilidad y movilidad de la zona y la promoción de la actividad económica en el área.


27 años en la CUP

Adam Majó comenzó desde 1990 a militar en la CUP. Estaba afiliado al partido independentista y anticapitalista durante años antes de inaugurar su carrera política en el Ayuntamiento de Manresa. Es en 2008 cuando se incorporó como concejal a la corporación municipal de Manresa en sustitución de Roger Torras. En las elecciones municipales de 2011 se presentó como cabeza de lista de la formación y continuó como concejal en Manresa hasta 2015, cuando no volvió a presentarse a las elecciones. Según Nació Digital, Majó es licenciado en Filología Alemana. Sueldos Públicos se ha puesto en contacto con el director, vía Twitter, para que nos ampliara más datos sobre su trayectoria profesional.


Adam majo

Majó, en el centro de la imagen. (Estefanía Escolà. ACN).


Un año más tarde asumió el cargo de comisionado del Centro Histórico, también en el Ayuntamiento de Manresa. Durante su etapa como comisionado es cuando decidió abandonar el partido tras 27 años de militancia, en noviembre de 2017, al no coincidir con las corrientes ideológicas hegemónicas del partido, aunque no deja de compartir algunas de sus convicciones. Abandonó su cargo en Manresa a finales de septiembre, para entrar, a partir del 1 de octubre, en la Oficina de los Derechos Civiles y Políticos como director.


Si Majó fuera todavía militante de la CUP, su sueldo público estaría limitado a 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. Este año está fijado en 14 pagas anuales de 735,90 euros netos. La propuesta del Gobierno y Podemos para el año que viene refleja una subida de más del 22%, hasta llegar a los 900 euros.


Funciones

Las funciones de Adam Majó a las riendas de este despacho son algo vagas, razón por la que Majó ha tenido que explicar en diversas ocasiones cómo actuará la Oficina de Derechos Civiles y Políticos a los medios de comunicación. 


Se va a centrar en denunciar “falsas acusaciones” dirigidas al Gobierno catalán o hacia la sociedad catalana en general. Eso sí, ha querido asegurar que se perseguirán todos los ataques a los derechos civiles y políticos de ciudadanos catalanes, provengan de donde provengan. En otras palabras, sean de la ideología que sean. A continuación, la descripción de las funciones de Majó según las describe la Generalitat de Catalunya en su Portal de Transparencia:

  • Definir y coordinar las políticas del Gobierno relacionadas con los derechos civiles y políticos y establecer los planes de actuación correspondientes conjuntamente con los diferentes departamentos implicados en estas políticas.
  • Planificar, supervisar y hacer el seguimiento de la ejecución de medidas, iniciativas y actuaciones de las diferentes unidades del Gobierno que tienen competencias en los ámbitos sectoriales que se incluyen en los derechos civiles y políticos.


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