La Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana contesta a una pregunta de Podemos-Podem

La oficina del expresidente Francisco Camps ya ha costado 725.000 euros desde 2011

Una cosa es lo que cobra Francisco Camps como expresidente de la Generalitat Valenciana y otra lo que nos cuestan las prerrogativas que acarrea el cargo.


|

Una cosa es lo que cobra Francisco Camps como expresidente de la Generalitat Valenciana y otra lo que nos cuestan las prerrogativas que acarrea el cargo. Tras su dimisión en julio de 2011, Camps, porque tiene derecho, es miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Hace unos meses, Sueldos Públicos te contó que cobraba más de 75.000 euros brutos anuales, no 58.000 euros, como se dijo en un primer momento.


La semana pasada, el Grupo Parlamentario Podemos-Podem en las Cortes Valencianas recibió la respuesta escrita a una pregunta que había formulado a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico sobre el coste de la oficina y el personal de los exjefes del Consell. La formación morada difundió el contenido en un comunicado en el que afirmaba que los privilegios que el estatuto de los expresidentes les otorga han costado a la Generalitat "más de un millón de euros desde 2003, de los que más de 700.000 corresponden a Francisco Camps". Exactamente son 724.986 euros y este capítulo solo cuenta desde julio de 2011, cuando dimitió.


Camps Sueldos Publicos


Podemos-Podem presentó en enero una propuesta encaminada a reformar la ley que regula este asunto. La idea era suprimir la parte que da derecho a tener oficina y personal y obligar a ser más transparentes con los recursos públicos. En este sentido, se introducían obligaciones para que los expresidentes rindieran cuentas con una memoria económica y de actividades. Que justificaran el sueldo y el dispendio, en pocas palabras.


El partido que lidera Antonio Estañ a nivel autonómico sigue insistiendo en que los expresidentes no ostenten la condición de miembros natos del Consell CJC, sino que puedan acceder al Comité Econòmic i Social (CES), "sin sueldo y con limitación temporal de cinco años". Ahora pueden hasta 15 años en el CJC.


La medida presentada establece supuestos de revocación total o parcial por parte del pleno de la cámara regional de los derechos y recursos otorgados a los expresidentes de la Generalitat, así como supuestos de renuncia voluntaria, forzosa o revocación parlamentaria.


La portavoz adjunta de Podemos-Podem, Fabiola Meco, ha recordado que su partido emprendió al inicio de la legislatura la reforma de esta ley, con la finalidad de plantearse el papel de los 'expresidentes'. Ha lamentado que PP y PSOE rechazaron en la cámara valenciana eliminar la opción que les reconoce esta ley a los expresidentes de ser miembros natos del CJC.


Por ello, la formación morada ha vuelto a plantear una proposición de ley para reformar este estatuto y que los exmandatarios del Consell "tengan menos privilegios y haya mayor transparencia  con lo que se hace con los recursos públicos", ha defendido Meco. La publicación de la respuesta ha coincidido con una semana muy convulsa para el PP: la detención de Zaplana, la entrada en prisión de la consellera Milagrosa Martínez y la sentencia de la trama Gürtel, pero viene precedida por la polémica sobre la hipoteca del líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias y su pareja, Irene Montero, y su propuesta dereducir el sueldo de Mariano Rajoy y sus ministros en un siete por ciento. La iniciativa no prosperó en el Congreso de los Diputados. Si quieres saber quién la apoyó, quién se abstuvo y quién votó en contra haz clic en este enlace.


Fabiola explica que la mayoría de gastos vienen originados por el mantenimiento de las oficinas. "No sabemos cual es su actividad, qué intereses se atienden, a qué se dedican o en pro de quién trabajan". Lo único claro es que "Podem se quedó solo en Les Corts" en la tramitación de la anterior ley de reforma que pedía su desaparición.


Secretaria y asesor

El coste total de estas prerrogativas, a las que se han acogido los 'expresidents'  desde junio de 2003 a febrero de 2018 asciende a 1.020.916 euros. En la respuesta, de la que se hace eco Europa Press, la Conselleria informa que la oficina que mantiene Camps desde 2011 ha supuesto un desembolso para las arcas de 724.986 euros, como te hemos comentado, "por las retribuciones anuales de su secretaria, que también lo era en su etapa al frente del Consell, Susana Fayos, y de su asesor, Francisco Campos Ibáñez".


En cuanto a la de Alberto Fabra, desde junio de 2015, el mantenimiento supone 244.000 euros, cantidad que se desglosa en las retribuciones de "sus dos asesoras y un chófer: Esther Pastor, Juan Carlos Tatay y, desde diciembre, Carmen Amorós".


José Luis Olivas, con asuntos turbios por Bankia, echó mano de la prerrogativa durante 2003 y 2004 y originó un coste con cargo a la Generalitat de 51.634 euros "por las retribuciones de Carmen de Paz y Alfredo Sempere, en calidad de asesora y conductor".


Gastos de desplazamiento

La respuesta matiza que la Generalitat no se hace cargo de ningún gasto de alquiler o mantenimiento de oficinas y que, como en los presupuestos autonómicos no existe ninguna partida para las oficinas de los expresidentes, los gastos de desplazamiento -combustible, peajes y alojamiento- solo se pueden identificar por la matrícula de los vehículos y las facturas. En este sentido, la Conselleria detalla que los gastos por este concepto ascienden a un total de 40.178 euros en el caso de Francisco Camps y a 7.985 por Alberto Fabra, en los años mencionados.


Respecto al coste de Francisco Camps en el Consell Jurídic Consultiu, según la certificación de la Secretaría General del órgano consultivo recogida por Hacienda, asciende a 90.276 euros en lo que llevamos de 2018.


Imagen: Agencia EFE (Chema Moya).