¿Puede un cargo electo cobrar un sueldo pagado por millones de ciudadanos a los que menosprecia e insulta públicamente?

El fundador de Sueldos Públicos pide amparo al Defensor del Pueblo ante el nombramiento de Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña

Quim Torra ya es presidente de la Generalitat de Cataluña, aunque ha dicho que ocupará el puesto de manera interina, breve. Sigue los pasos que le dicta Carles Puigdemont. 


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Quim Torra ya es presidente de la Generalitat de Cataluña. En las próximas horas, su nombramiento aparecerá en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña y también en el Boletín Oficial del Estado. Desde ese instante contará como la primera jornada de trabajo que le da derecho a percibir un sueldo público asignado a ese puesto


El anterior presidente, Carles Puigdemont, tenía previsto cobrar unos 139.000 euros brutos el año pasado, aunque ya sabes que solo cobró la parte proporcional hasta finales de octubre por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Desde finales de enero, Puigdemont solo cobra la asignación básica como diputado del Parlament, 2.871 euros brutos mensuales


Defensor del Pueblo


Ante las publicaciones de mensajes despectivos, insultantes, racistas y llenos de odio de Torra en las redes sociales, el fundador y director de Sueldos Públicos, Carles Torrijos*, ha remitido este lunes una queja al Defensor del Pueblo, a través de su página web, solicitando amparo para conocer si un cargo público que menosprecia a millones de ciudadanos en público puede cobrar un sueldo pagado por los contribuyentes.


Estimado Defensor del Pueblo:


Como fundador del digital www.sueldospublicos.com, como contribuyente y ciudadano me gustaría presentar mi queja sobre la decisión de una mayoría de diputados del Parlamento de Cataluña que han elegido a un candidato xenófobo para presidir la Generalitat de Cataluña.


Me gustaría saber si el Defensor puede elevar una queja formal que deje claro que cargos públicos que menosprecien el origen geográfico de los ciudadanos no pueden cobrar un sueldo público ni representar a la soberanía del pueblo de Cataluña ni de un país democrático alguno que se precie.


Solicito la ayuda del Defensor del Pueblo porque el poder ejecutivo del señor Torra, una vez asuma el cargo, supone un peligro para millones de españoles que no son catalanes. Y para millones de españoles que viven en Cataluña y se sienten españoles y catalanes al mismo tiempo.


Como vecino de Valencia, los postulados supremacistas del señor Torra ponen en riesgo un modelo de convivencia basado en la libertad, el respeto, la pluralidad y la tolerancia.


Solicito amparo al Defensor del Pueblo para que me garantice que Torra no usará dinero público en menospreciar a millones de ciudadanos que viven en Cataluña y no comparten las tesis excluyentes de Torra.


Solicito ayuda al Defensor del Pueblo para que Torra no pueda implementar políticas públicas conducentes a crear ciudadanos de primera y de segunda como hizo Alemania en 1933, por el origen de su nacimiento o el conocimiento de una lengua.


Solicito amparo al Defensor del Pueblo porque el nuevo presidente de la Generalitat, como representante del Estado, no garantiza mi libertad e igualdad cuando decida viajar o residir en Cataluña, porque me considera español.

El sueldo del Defensor del Pueblo 

Francisco Fernández Marugán es, desde el 20 de julio de 2017, Defensor del Pueblo en funciones y sucede en el cargo a Soledad Becerril cuyo mandato expiró el 19 de julio de 2017. Fernández Marugán era el número dos con Becerril. El puesto estaba retribuido con 117.695 euros brutos el año pasado, según el Portal de Transparencia del ente. Fernández Marugán sigue como Defensor en funciones y adjunto primero al Defensor con un salario de 109.734 euros, incluidos 14 trienios.


*Carles Torrijos es periodista y politólogo. Fundó Sueldos Públicos en marzo de 2012. Torrijos está registrado, a título individual, en el Registro de Grupo de Interés de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) con el objetivo de que todos los cargos públicos de España publiquen una copia de su nómina periódicamente.