martes, 15 de octubre de 2019
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Los partidos colocaron, de media, al 35% de sus candidatos a concejal como cargos de confianza en 33 diputaciones entre 2015 y 2019
El ente provincial con más ‘enchufes’ fue Soria

Nota del director.

Este artículo, a modo de resumen y conclusiones, se basa en un estudio elaborado por las alumnas de doble grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración Pública de la Universidad de Valencia, Teresa Alvarruiz, y Merche Vilar, durante su período de prácticas lectivas realizadas en Sueldos Públicos entre febrero y mayo de 2019. No todas las instituciones provinciales han respondido de la misma manera a la solicitud de información de estas futuras politólogas, ni todas publican de manera visible datos básicos en un Portal de Transparencia que, con frecuencia, no están actualizados. El esfuerzo, plasmado en más de 70 páginas, ha valido la pena, aunque el resultado siempre será una aproximación.


Las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares son instituciones que han sufrido cambios desde su aparición en 1812, adaptándose a los diferentes regímenes políticos que se han dado en España desde entonces. Durante la dictadura de Franco, sirvieron de enlace entre las provincias debido al centralismo del sistema.


Con la instauración de la democracia en España en 1978, se promovió la participación de la ciudadanía en la elección de sus representantes a nivel estatal, autonómico y local. Aun así, la fórmula de elección directa que se aplica a las cámaras de representantes (como el Congreso, el Senado, los parlamentos o los ayuntamientos) no existe en las diputaciones, sino que se eligen de forma indirecta. De esta forma, no son los ciudadanos los que escogen a los miembros de estas instituciones, sino que, una vez se han constituido los plenos de cada ayuntamiento, los consistorios eligen a algunos de sus concejales para que representen a los diferentes municipios dentro de las diputaciones.


El personal eventual o cargos de confianza, los nombrados 'a dedo', son algunas de las personas que trabajan para los órganos de gobierno de las administraciones públicas. Su nombramiento y su cese tienen un periodo limitado porque, aunque su categoría es como la de un empleado público, no tienen carácter permanente y su relación laboral finaliza con el mandato para el que fueron contratados. Esto ocurre normalmente cada cuatro años, coincidiendo con las elecciones municipales. El papel de los asesores, tal como su nombre indica, es el de dar apoyo a órganos y partidos políticos de la diputación en las materias en las que carecen de conocimiento. Para ser funcionaro se necesitan estudios reglados, para ser cargo electo, no. Como un porcentaje de estos no sale elegido, acaba como asesor, 'asesorando' sin conocimiento alguno y con jugosos sueldos en multitud de casos.


Diputacion Soria

Fachada de la sede de la Diputación de Soria (Cadena SER).


Este artículo pretende aportar algunas pinceladas sobre si realmente es la experiencia y la formación académica la que justifica estas contrataciones o si, por el contrario, son los partidos políticos los que utilizan la libre designación para ‘enchufar’ o colocar a personas cercanas al partido o reciclar a ‘viejas glorias’, como hemos informado en otras ocasiones en Sueldos Públicos.


El personal eventual en 33 diputaciones

Según las candidaturas de los ayuntamientos en las elecciones de 2015 y los nombramientos del personal eventual de 33 diputaciones, había 637 personas contratadas ‘a dedo’ para el mandato 2015-2019, de las que 222 habían sido candidatas en las últimas elecciones (un 35%). Algunas de ellas consiguieron ocupar concejalías en los distintos municipios, pero muchas otras se quedaron en el camino de ser representantes de los ciudadanos.


La cantidad de cargos de confianza con los que puede contar cada diputación depende del número de miembros del pleno, así como de los habitantes de la provincia, por lo que hay diferencias entre unas y otras. Las que tienen más trabajadores eventuales son Sevilla con 55, Barcelona con 49 y Huelva con 35. En todas, aparecen asesores vinculados a los partidos políticos. En el caso de Sevilla, un 35% fue candidato en las elecciones del 2015; en la Diputación de Barcelona, un 29% aparece en las listas municipales de ese año; en Huelva, la cifra aumenta hasta el 46%. Tampoco se quedan atrás diputaciones como la de Lleida con 32 cargos de confianza o la Alicante con 29, de los que un 28% y un 55% respectivamente se postulaban como candidatos en 2015.


En las diputaciones más pequeñas, la cifra no se reduce. En la provincia de Burgos, eran ocho los que componían la plantilla del personal eventual. De ellos, dos aparecían en las listas, lo que supone un 14%. En otras provincias, como la de Soria, el 75% de los cargos de confianza aparecieron como candidatos en 2015. No obstante, existen casos en algunas diputaciones, como la de Teruel, en las que no se da esta vinculación entre partidos y asesores, pues ninguna de las personas contratadas aparecía en las listas.


Durante el mandato 2015-2019, el PP y el PSOE fueron los partidos políticos que contaban con la mayor parte de los gobiernos provinciales. El PP controlaba 15 de las 33 diputaciones analizadas y el PSOE, siete. Que estos sean los partidos que menos interés tienen en la modificación o disolución de estas instituciones se explica en gran medida por esto: las diputaciones cuentan con una dotación presupuestaria que entre otras cosas sirve para dar apoyo a los ayuntamientos. Así, se suele favorecer más a las corporaciones del mismo signo político que a las de la oposición, en busca de un beneficio electoral.


Por otro lado, los partidos más jóvenes, que apenas cuentan con algún gobierno provincial, si es que cuentan, suelen tener posturas contrarias a estas instituciones. Las propuestas de estos partidos respecto a las diputaciones provinciales han supuesto una modificación sustancial de la organización política territorial. Por ejemplo, una de las primeras ambiciones de Ciudadanos fue y sigue siendo suprimir estas instituciones.


Ante esta situación y algunos criterios de la Ley de Transparencia, que no son obligatorios, sino que se presentan como recomendaciones, las diputaciones y partidos políticos publican solo parte de la información que les beneficia. Varias cuentas y presupuestos públicos continúan sin darse a conocer.


Que el 35% del total del personal eventual haya ido en las listas electorales de algún partido con representación en las diputaciones provinciales alerta de que todavía queda mucho por hacer en las instituciones públicas españolas para conseguir una mayor democratización y transparencia. Los cargos de confianza continúan siendo figuras politizadas por el abuso de los partidos políticos, que aprovechan el sistema para ‘enchufar’ a personas afines al partido o a familiares.


Por Teresa Alvarruiz y Merche Vilar.


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