lunes, 24 de septiembre de 2018

Casi el 60% de los altos cargos del Gobierno de Cospedal no tributa en Castilla-La Mancha

La Ejecutiva regional del PSOE ha presentado una proposición no de ley para evitar esta situación

@sueldospublicos

TOLEDO (EUROPAPRESS).- El portavoz de los socialistas en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que aproximadamente el 60 por ciento de los altos cargos del Gobierno de María Dolores de Cospedal que ya han presentado su declaración de bienes no tributan en Castilla-La Mancha. La presidenta de la Junta de Comunidades percibió 107.289,99 euros brutos como secretaria general del PP en 2010, según su declaración de bienes y rentas firmada en julio de 2011.

Precisamente, este mismo martes el PSOE ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la que se insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a que realice las modificaciones necesarias para garantizar que todos los altos cargos de la Junta tengan su domicilio fiscal y cumplan con sus obligaciones tributarias en Castilla-La Mancha.

Se trata de una decisión que este lunes acordó la Ejecutiva Regional del partido, que se reunió en Talavera de la Reina, según ha recordado Martínez Guijarro, quien opina que los altos cargos de la Junta no pueden estar decidiendo sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales de la región "y estar pagando" todos estos servicios "en la Comunidad de Madrid".

En el caso de que el Gobierno de Cospedal no admita esta iniciativa cuando se debata en las Cortes regionales, los socialistas presentarán una Proposición de Ley modificando la normativa para exigir que los altos cargos de la Junta tributen y tengan su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha.

Este fue una de las propuestas que realizó el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, durante su intervención en el X Congreso del PSOE de Castilla-La Mancha que le eligió en ese cargo y se celebró los días 25 y 26 de febrero.

En ese contexto, y durante su intervención, García-Page anunció que plantearía a la Junta que todos los altos cargos de la región paguen sus impuestos en Castilla-La Mancha, para lo que les dio un año de plazo.

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