lunes, 24 de septiembre de 2018

La porquería de la gestión socialista de Barreda en Castilla-La Mancha empieza a salir a flote

La Junta presenta un querella contra dos ex consejeras del anterior Gobierno regional del PSOE

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TOELDO (EUROPARESS/Redacción).- El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha calificado de "gravísimos" los hechos que se describen en la querella que la Junta de Comunidades ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha contra dos ex consejeras del anterior Gobierno del PSOE en la región presidido por José María Barreda.

Según el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Barreda percibió un total de 101.078 euros brutos en 2010, 87.707 por su cargo de presidente regional y otros 13.371 como indemnizaciones de la Junta.

El Gobierno de María Dolores Cospedal confirma que los hechos acontecieron en octubre de 2008, cuando GICAMAN adquirió de la Sociedad de Promociones y Construcciones Aldea Fernández un inmueble sito en la calle Ronda de Ciruela, 24, en Ciudad Real, con una superficie construida de 412 metros cuadrados, por un precio de 4.538.924 euros, cuando esa misma sociedad compró en el año 2006 a Cruz Roja el citado inmueble por un precio de 3.353.647 euros, ha informado la Junta en nota de prensa.

Según la querella, estas cantidades, que responden a los intereses del préstamo que GICAMAN firma con un banco y al beneficio que obtiene la propia GICAMAN con ello cuando "estos gastos podrían haberse evitado si la Junta hubiera adquirido directamente de los propietarios, sin establecer el artificio o fraude en la contratación".  Asimismo, el documento indica que la Junta encargó a GICAMAN la compra del inmueble cuando podría haberlo realizado evitándose gastos injustificados que irían directamente a beneficio de GICAMAN.

La querella también apunta que en 2008 la Junta podría haber adquirido el inmueble sin necesidad de pagar las cuantías que no corresponden al precio de la compraventa y a los intereses del préstamo, puesto que cuenta con sus propios servicios de patrimonio.

En definitiva, la Junta de Castilla-La Mancha señala que se podría haber cometido un fraude funcionarial tipificado en el Código Penal, señalando que la autoridad o funcionario público que se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público incurrirá en las penas de presión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha explicado que ante la gravedad del hecho que podría ser constitutivo de delito se ha decidido emprender acciones legales y ha señalado que, con ello, el Gobierno regional pretende que se esclarezcan los hechos para que todos los ciudadanos conozcan la verdad de un posible empleo de dinero público de manera fraudulenta.

En este sentido, Esteban ha señalado que el Ejecutivo autonómico se mantendrá al margen del proceso legal para que se trabaje con libertad en el caso.

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