sábado, 22 de septiembre de 2018

Acabar con el 'desbarajuste' de los sueldos públicos

UPyD plantea una debate en el Pleno del Congreso de los Diputados

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Congreso de los Diputados
El presidente del Gobierno cobra 78.185 euros brutos al año.
El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere un debate en el Pleno del Congreso sobre la regulación de los salarios de los cargos políticos de toda España, que considera un "desbarajuste" como demuestra el hecho de que siete presidentes autonómicos y decenas de alcaldes cobren más que el propio presidente del Gobierno de la Nación.

La formación magenta ha intentado meter este asunto en el orden del día de la próxima sesión plenaria a través de una interpelación al Gobierno pero no lo consiguió por falta de cupo. En septiembre de 2012 presentó una proposición no de ley en esta misma línea pero cosechó el rechazo de la Cámara.

Su objetivo es establecer un régimen retributivo de los cargos políticos "objetivo, racional, coherente y transparente" bajo los principios de coordinación y jerarquía y en función de la responsabilidad asumida por cada uno de esos puestos.

En la interpelación que ha quedado aplazada, el partido que lidera Rosa Díez subraya la necesidad de establecer un baremo general de las retribuciones en todo el ámbito del Estado, incluyendo el Gobierno, las Cortes Generales, los órganos constitucionales, las asambleas legislativas, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos.

El sueldo de Mas

Ante la falta de una regulación legal a nivel nacional sobre la materia, UPyD aboga por poner fin al hecho de que las retribuciones de los distintos cargos políticos se fijen de manera unilateral en cada nivel de gobierno por el parlamento autonómico o el ayuntamiento respectivo, lo que, a su juicio, transmite una impresión de "absoluta arbitrariedad".

Este hecho ha provocado que, según apunta UPyD, el sueldo que recibe el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que asciende a 78.185 euros, sea superado por siete presidentes autonómicos (Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco). En concreto, el salario del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que supera los 144.000 euros, duplica el del propio Rajoy, mientras que las retribuciones del lehendakari o la presidenta de Castilla-La Mancha superan los 100.000 euros.

Pero la formación apunta que hay casos "todavía peores" como que, por ejemplo, los alcaldes de Madrid o Barcelona reciban un sueldo superior al del jefe del Ejecutivo nacional: 101.987 en el caso madrileño y 110.000 en el barcelonés.

Pero existen otros ejemplos en los que las retribuciones que percibe un alcalde suman un total superior al sueldo del propio presidente, como es el caso, según UPyD, de los municipios madrileños de Alcobendas (97.000 euros), Alcalá de Henares (90.500 euros), Las Rozas (86.94 euros), Pozuelo de Alarcón (85.419 euros) o Leganés (80.697 euros).

"Idénticas disfunciones" se dan, según la formación magenta, en otros órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo presidente percibe 130.152 euros los magistrados del Tribunal Constitucional y consejeros del Tribunal de Cuentas, que rondan los 100.000 euros de retribución anual, "superando ampliamente" las del jefe del Ejecutivo.

'Desbarajuste'

"Tal desbarajuste", según consta en la exposición de motivos de la interpelación registrada, no sirve para "prestigiar" la política ni "ganarse" la confianza de la ciudadanía en una materia en la que deberían "extremarse" las garantías y los controles. Sobre todo porque a esta situación no ayuda tampoco la "notable opacidad" y la "falta de transparencia" que afecta a los salarios de los representantes políticos.

"Al ya complicado sistema retributivo, compuestos por cantidades fijas y periódicas, dietas por la asistencia de órganos colegidos e indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, se une la inexistencia de un registro público general y de un régimen exigente de incompatibilidades", añade el texto.

Aunque UPyD saluda que se hayan aprobado algunos protocolos de actuación en algunos comunidades autónomas y algunos intentos de regulación, considera que éstos son "claramente insuficientes". De ahí su insistencia en abordar este tema de nuevo en la sede de la soberanía popular.

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