lunes, 24 de septiembre de 2018

La imputación y los sueldos públicos

La infanta Cristina comparte con su madre, su hermana y la princesa de Asturias 260.000 euros para gastos de representación

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Infanta
La infanta Cristina no cobra un sueldo público, pero sí percibe dinero para gastos de representación.
Voces expertas en la materia y algunos partidos políticos españoles llevan reclamando desde hace años que las personas imputadas no participen en la vida política, se aparten cuando vienen mal dadas y que, en todo caso, no se las incluya en las listas electorales. Aunque la figura del imputado o imputada no es símbolo de culpabilidad, lo mejor es que la infanta Cristina abandone temporalmente sus funciones representativas que asume como miembro de la Casa Real y como heredera que es en la línea sucesoria de la Jefatura del Estado.

Es evidente que acudir a declarar delante de un juez acompañado de un abogado por el caso Nóos no es plato de buen gusto, para nadie. ‘La condena del telediario’ hace el resto y de eso es dificilísimo librarse. El bochorno está asegurado. Ahora bien, si la Casa del Rey no mueve un dedo para desplazar a un segundo plano a la hija de Juan Carlos I, ¿tenemos que pagar con nuestros impuestos su defensa jurídica?

Tanto UPyD como ICV coinciden en afirmar que hay que poner en marcha los mismos protocolos que se aplican cuando un cargo público es imputado por un asunto de corrupción. Esto es, debe abandonar inmediatamente su cargo inmediatamente.

Según los datos que ofrece la web de la Casa Real "el resto de los miembros de la Familia Real únicamente tienen asignados gastos de representación en la proporción y cuantías que para cada ejercicio, atendiendo a las circunstancias, dispone S.M. el Rey. La cantidad presupuestada para estos gastos en el ejercicio 2013 asciende a un máximo de 260.000 €, inferior en 55.000 € respecto de la asignada en el ejercicio anterior a este mismo concepto."

Es decir, esa cantidad se reparte, según el criterio del jefe del Estado entre la Reina de España, la princesa de Asturias y las infantas Elena y Cristina. Si el reparto fuera igual para todas -que no lo es- a la mujer de Urdangarín le corresponderían 65.000 euros para gastos de representación. ¿Tiene derecho un cargo público imputado a usar, percibir o cobrar dinero público? En España, por ahora, sí.

Es más ¿cómo podemos saber de dónde proceden los honorarios del abogado del marido de la infanta? ¿De sus ahorros, de su sueldo como empleada en la Fundación La Caixa? ¿Le está ayudando su padre en esta materia? Sabemos muy poco de este asunto.

Recientemente, nos hemos hartado de comprobar cómo algunos cargos públicos electos que han sido imputados, salían a la palestra a decir que renunciaban al puesto orgánico del partido, se daban de baja de él, abandonaban la alcaldía pero no renunciaban al acta de concejal. En otros, como Oriol Pujol, quedaban como un diputado autonómico raso sin renunciar al escaño, es decir, sin renunciar al sueldo público. ¿Es este el protocolo que va a seguir la infanta? Es todo un chollo: decir que te vas o que vas a estar en un segundo plano -que no está confirmado- para seguir cobrando como si una mosca fuera la que enturbiara tu existencia.

También es verdad que, a día de hoy, un parlamentario tiene más protección que la infanta o que el mismo príncipe de Asturias. Ya ves, otra avería en la moto.

Fuente de la fotografía.

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